| En esta época de «nueva normalidad», las noticias del entorno jurídico y legal han estado relacionadas con el Estado de Alarma casi en un 100%. ERTE, multas por saltarse el confinamiento, salud laboral, nuevos procedimientos,… en este boletín hacemos un recorrido resumiendo parte de ellas en diversas materias. Más allá de la pandemia, destacamos la sentencia favorable para personas que han trabajado en Planes de Empleo de los Ayuntamiento de Cádiz y Córdoba, reconociéndoles la igualdad de derechos en la Administración Pública con respecto al personal fijo. La asesoría jurídica de Autonomía Sur ha trabajado para conseguir esta reivindicación.
Te invitamos a compartir el boletín a quien estimes necesario. |
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| Planes de empleo. El Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz condena al Ayuntamiento de Cádiz al abono de las cantidades dejadas de percibir por los trabajadores de los Planes de Empleo (+30, -30, +45, Empleajoven, etc.) Considera que es discriminatorio aplicarles, por el mero hecho de tener un contrato temporal, una tabla salarial que no tenga en cuenta el Convenio Colectivo del personal del Ayuntamiento y además establece una indemnización adicional por daños y perjuicios. El importe total de la condena asciende a más de 120.000 euros, correspondiente a los 10 trabajadores demandantes.
Noticia en el Diario de Cádiz. |
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| Mejora de condiciones en ERTE por fuerza mayor. Autonomía Sur ha participado en el primer acuerdo en las mediaciones online del SERCLA en un ERTE por fuerza mayor que beneficia a 494 trabajadores de la empresa Konecta en su centro de Sevilla. Los trabajadores se beneficiarán del acuerdo alcanzado en materia retributiva y recuperación de condiciones de trabajo y derechos de descanso en su proceso de retorno tras el Erte por fuerza mayor. El acuerdo se ha alcanzado tras 2 sesiones de trabajo y doce horas totales de reunión.
Tweet del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. |
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| COVID-19 Y EPI. La magistrada del juzgado de lo Social de Teruel, Elena Alcalde, ha dictado una sentencia en la que estima la demanda presentada contra la Diputación General de Aragón (DGA), Servicio Aragonés de Salud (SAS) y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y condena a estas administraciones públicas a proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPIs) a los sanitarios – empleados públicos- del grupo de clasificación A, en todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros socio-sanitarios o sociales, públicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados, de la provincia de Teruel y especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2 y ante el riesgo de contagio o infección que pueda llevar a desarrollar la enfermedad Covid-19.
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| Fijeza de personal interino. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante reconoce que la relación funcionarial interina con un ente local que se ha prolongado durante más de 13 años consecutivos debe ser fija. Alcanza esta conclusión en aplicación inmediata de la Directiva 1999/70 como derivada del principio de primacía del derecho comunitario y de su interpretación más reciente por el TJUE.
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| Anulación oposiciones. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla anula el proceso selectivo convocado para la cobertura de 56 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla y acuerda la retroacción del proceso selectivo objeto del presente recurso al momento anterior al de proponerse el caso práctico con todos los efectos.
Lee la sentencia completa. |
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| Delito de desobediencia grave a la autoridad durante Estado de Alarma. SJP nº 1 A Coruña nº 98/2020 de 30 de abril. Se absuelve de un delito de desobediencia a un acusado que había sido detenido tras acudir primero a rezar a una iglesia y después a comprar al supermercado de su elección, en pleno estado de alarma, en base a principios jurídicos: el principio de legalidad y, consecuencia de este, el de tipicidad. A ambos se refiere el artículo 25.1 de la Constitución Española, que establece que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. Por tanto, en materia de limitación de derechos, y más cuando se trata de derechos fundamentales, hay que considerar que lo que no está expresamente prohibido está permitido.
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| Cláusulas suelo, reclamación de autónomos y PYME. STS nº 168/2020 de 11 de marzo. Se considera que la cláusula no supera el control de incorporación porque los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer su inclusión en el contrato y, por tanto, su mera existencia. Lo que no supone hacer un control de transparencia, sino un control de incorporación, que es pertinente respecto de cualquier adherente, sea consumidor o profesional. Para que una condición general de la contratación supere el control de incorporación debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato.
Lee la sentencia completa. |
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Contencioso-administrativo
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| Nacionalidad y Sahara. STS nº 762/2020 de 11 de junio. El Pleno del Tribunal Supremo establece que el Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen del art. 17.1.c) del Código Civil. La Sala parte de la normativa española más específica sobre la materia que reconoce al Sahara la condición de colonia y, supuestamente en consecuencia, el Sahara no puede ser considerado España a los efectos indicados. Por ello, no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española. Esta interpretación es la que viene siguiendo la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) al considerar apátridas a todas las personas nacidas en territorio saharaui durante el período colonial.
Lee la nota completa del Poder Judicial. |
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| Economía digital y capitalismo de plataforma. La Fundación 1º de Mayo ha editado un informe donde se abordan algunos de los elementos clave que han configurado el desarrollo de la economía digital, profundiza en el análisis del falso discurso de la mal llamada economía colaborativa y analiza el complejo debate abierto en torno a la fiscalidad aplicable a la economía digital. Atiene así mismo, a la inhibición de los poderes públicos y la controversia jurídica generada sobre el marco regulatorio aplicable a la prestación de determinados servicios digitales y realiza un análisis del conflicto existente en torno a la actividad prestada por las plataformas de Vehículos de Transporte Concertado (VTC) analizando los casos de UBER y Cabify.
Lee el informe completo. |
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| «Una Economía para la Vida. Del Covid-19 a un Nuevo Modelo Económico Plural, democrático, relocalizado y ecológico para Andalucía». En este artículo publicado en nuestro blog de El Salto, Óscar García Jurado marca las pautas de las relaciones socioeconómicas que deben surgir tras declararse la pandemia por Coronavirus, una transición ecosocial basada en el cooperativismo, el desarrollo del sector público y una fiscalidad reditributiva y ecológica
Lee el artículo en El Salto. |
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